El pleno del Parlamento catalán ha aprobado esta tarde la ley que limita el precio de los alquileres en 60 municipios catalanes de mayor población. El texto ha sido aprobado por Junts, ERC, los comuns, la CUP y los cuatro diputados del PDECat, en la primera votación que estos últimos se posicionan distinto a los de su grupo tras la ruptura entre esta formación y la escisión puigdemontista.

La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como "mercado de vivienda tenso" -dentro de los 60 municipios más poblados de Cataluña-, y ha prosperado después de que a última hora el Sindicato de Inquilinos ERC, los comuns y la CUP hayan alcanzado un acuerdo con Junts para facilitar su aprobación. Este último grupo aceptó rebajar el alcance de sus enmiendas, presentadas para que el texto no fuese tan lesivo para los propietarios.

La ley contempla que en caso de renovación del alquiler, la renta no esté por encima del tope máximo que fije la Generalitat para cada zona. Del mismo modo, en caso de obras de mejora en el inmueble, el alquiler no podrá subir más de un 20% sobre la renta actual.

De la medida quedan excluidos los llamados "arrendatarios vulnerables", definidos como aquellos núcleos familiares que ingresen menos de 2.000 euros al mes. No se aplica tampoco en caso de vivienda nueva.

Con la oposición del sector inmobiliario, que considera que la medida desincentivará el alquiler frente a la venta, la principal incógnita es conocer si el texto tendrá recorrido. El Consejo de Garantías Estatutarias consideró que casi una docena de artículos vulneraban el Estatut o la Constitución. El Gobierno podría presentar recurso ante el TC, lo que comportaría la suspensión cautelar. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ya ha anunciado durante el debate en el pleno que su partido recurrirá la norma al TC, lo que no suspendería la ley hasta que el tribunal resolviese.

La patronal Fomento del Trabajo, portales como Idealista y el resto del sector denunciar que el texto genera inseguridad jurídica y acabará por desincentivar el alquiler. El sector considera que el sector público traslada al privado su responsabilidad en la falta de oferta de vivienda de protección oficial.